La falta de apoyo de sus socios obliga a Sánchez a recular en su cacicada para ascender a Dolores Delgado

El Partido Socialista ha retirado finalmente la polémica enmienda que permitía blindar el ascenso de Dolores Delgado cuando acabe su mandato como fiscal general del Estado. Los socialistas han tomado la decisión a la vista de la falta de apoyos, pues la enmienda había sido criticada no sólo por el Partido Popular o Vox, sino por sus propios socios, Podemos o ERC, entre otros. «Después de dialogar con los grupos parlamentarios, entendíamos que no tocaba mantenerla en la tramitación», alegan los socialistas.

En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista había introducido una enmienda en la tramitación de la Ley Concursal que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer que «si el nombramiento [de fiscal general] recayese sobre un miembro de la carrera fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Supremo una vez que se produzca su cese».

Ascenso

De esta forma, Delgado podría disfrutar de la máxima categoría de la carrera fiscal -fiscal de Sala del Tribunal Supremo- una vez fuese cesada de su actual puesto como responsable del Ministerio Público, en lugar de volver a su plaza como fiscal en la Audiencia Nacional. El Congreso ha debatido este martes la ponencia de esa reforma concursal.

La norma en la que el PSOE había planteado esta enmienda, evidentemente, nada tiene que ver con la Fiscalía. De hecho, la propuesta fue introducida in extremis, cuando sólo faltaban unos minutos para que finalizase el plazo para su registro. La reforma permitía además que la Fiscalía General informase al Gobierno sobre la actuación del Ministerio Público en los casos que considerase de especial trascendencia y que la fiscal general estimase que el Gobierno debía conocer.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, llegó a justificar la enmienda en «el compromiso con la regeneración democrática» y «con incrementar la calidad de las instituciones». Según alegó Llop, «hay que adoptar todas las medidas legislativas que garanticen que quien sea fiscal general no va a actuar con arreglo a presiones» y, para ello, sería preciso dar «una salida digna» a quien ostentase el cargo. «Lo que garantiza es que pueda tener una salida digna una vez finalice su mandato», señaló.